EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA JUSTICIA ORDINARIA Y TRANSICIONAL

En el constitucionalismo moderno han surgido una serie de principios tendientes a desarrollar el carácter sustantivo de las normas superiores y, dentro de ellos, es incuestionable la preponderancia que ha adquirido el principio de proporcionalidad, el cual en materia penal permite establecer adecuadamente los límites mínimos y máximos de las penas, siendo además, el principal criterio para definir la pena en el caso concreto; asimismo, el precitado principio permite establecer una aplicación diferenciada de las penas en la justicia ordinaria y transicional, advirtiendo que en esta última se privilegia la justicia restaurativa frente a la retributiva. En tal sentido, la aplicación del principio de proporcionalidad es imprescindible tanto en la fase legislativa como en el momento de la aplicación judicial de la pena; por tanto, el monto de estas no deben exceder la magnitud de la gravedad que para la sociedad representa el hecho punible que es sancionado, y paralelamente el establecimiento e imposición de penas irrisorias, quebrantan gravemente el precitado principio; el cual, sin embargo, admite excepciones en procesos de justicia transicional a través de la cual se pretende integrar diversos esfuerzos a fin de enfrentar las consecuencias de violaciones masivas y abusos generalizados o sistemáticos en materia de derechos humanos, sufridos en desarrollo de un conflicto armado, con el propósito de construir caminos de paz, respeto, reconciliación y consolidación de la democracia; es precisamente por ello, que la aplicación del mencionado principio en los trámites legislativos y en las actuaciones jurídicas y administrativas adquiere descomunal preponderancia, pues de no acatar los postulados esenciales que dimanan de este principio, no habrá verdad, ni justicia, ni reparación proporcional y por tanto, no se estará cumpliendo con el deber de la paz y de contera no se gozara de tal derecho