Le juge constitutionnel colombien vis-à-vis du déplacement forcé

Esta contribución trata del desplazamiento forzado en Colombia. En particular, este artículo se enfoca sobre el papel específico de la Corte Constitucional colombiana como defensora de los derechos humanos de las personas desplazadas, como juez y al mismo tiempo como actor de políticas públicas. La Corte Constitucional colombiana ha declarado el “estado de cosas inconstitucional” vis-à-vis de la situación de las personas desplazadas: esto implica que se trata de una situación dramática cuya solución necesita la intervención de muchas instituciones públicas. En el marco de este paper estaré demostrando cómo la Corte Constitucional colombiana se vuelve, de facto, como un actor que orienta las políticas públicas, para garantizar los derechos efectivos de las personas desplazadas. En particular, desde el 2004 el juez constitucional ha implementado un sistema de seguimiento al cumplimiento de las órdenes dictadas por la Sentencia T-025 del 2004, para que sea para las víctimas que son sujetos de especial protección constitucional, como mujeres, comunidades afrocolombianas, indígenas, ni os y discapacitados. Consideramos que el caso colombiano es relevante porque el juez constitucional tiene un papel de suprema importancia, que podría contribuir a un nuevo modelo para otras experiencias que cuenten con instituciones del Estado íntegras, en el marco de un conflicto armado.